Campeche Hoy.
Por Carlos Martínez Caamal.


LOS NUEVOS IMPUESTOS Y LO QUE NOS ESPERA

El pasado jueves, la cámara de diputados federales, aprobó en lo general, la Ley de Ingresos para el 2008, noticia que pasó sin gran trascendencia en los medios de comunicación nacional.
Sin embargo, bien vale la pena que usted, amable lector, tome conciencia de las graves consecuencias que generará esa ley aprobada por nuestros inteligentísimos diputados federales que nos representan en la máxima tribuna de la nación.
De entrada la ley de ingresos prevé recursos por un total de dos billones 569 mil 450 millones 200 mil pesos, monto superior en 152 mil 532 millones a la iniciativa original que presentó el gobierno federal a principios de septiembre pasado.
Lo verdaderamente preocupante para la gran mayoría de los mexicanos y campechanos es que los recursos adicionales que se tienen previsto en la ley de ingresos y que ascienden a 12 mil 348 millones de pesos, provendrán del pago de nuevos y más impuestos, además del incremento al precio de las gasolinas y el diesel que ya generó incrementos a los precios de productos de la canasta básica y servicios, y que se agudizará una vez que entre en vigor en enero próximo.
Las principales fuentes de recaudación se generarán por los cambios en el régimen tributario, especialmente por la introducción del nuevo gravamen denominado Impuesto Empresarial de Tasa Unica (IETU) del que se pretende obtener poco más de 119 mil millones de pesos, además de los ingresos por el aumento, desde enero próximo, en las gasolinas y diesel, además del aumento a la recaudación en el IVA e ISR.
La ley de ingresos, aprobada en lo general por 281 votos a favor y 31 en contra, traerá, como ya dijimos, el pago de nuevos y más impuestos, y es que de acuerdo a las estimaciones del colegio de contadores, con el nuevo IETU, las personas físicas pagarán el 28 por ciento de cada 100 pesos que obtengan como ingresos, mientras que las personas morales hasta el 34 por ciento, independientemente de sus gastos de producción.
Con esta medida se prevén efectos catastróficos entre los empresarios, profesionistas y demás contribuyentes que han criticado dicha estrategia, puesto que Hacienda y el gobierno federal en lugar de mejorar la recaudación y poner al día a los evasores y al comercio informal, prefirió seguir exprimiendo a quienes cumplen con el pago de sus impuestos.
Pero además, el impacto más severo a la economía de los que menos tienen se resentirá cuando entre en vigor el incremento al diesel y la gasolina, que como ya pudimos ver, con tan sólo el anunció generó una escalada de precios, como fue el de la harina y el pan, y que con toda seguridad provocará nuevos aumentos en cascada a los precios de productos de la canasta básica y a los servicios, como el transporte público.
Como se podrá dar cuenta, seremos la mayoría de los ciudadanos y los contribuyentes los que pagaremos los ingresos adicionales que percibirá el gobierno federal, autoridad que manejará a sus anchas dichos recursos para luego distribuirlo a los estados.
Según lo que nos han informado nuestras autoridades estatales, el Estado de Campeche recibirá mil 400 millones de pesos adicionales, que hasta el momento desconocemos en que se invertirán. Sólo nos resta esperar que no pase lo mismo que los 600 millones adicionales del año pasado, de los que hasta el momento desconocemos su paradero.
Pero en fin, como le decía, el gobierno federal y nuestros diputados, prefirieron seguir ahorcando a Juan Pueblo en lugar de asumir su responsabilidad como servidores públicos y vivir en la medianía de sus salarios, tal y como lo estableció en su momento el Benemérito de las Américas, Benito Juárez.
Vaya pues, no buscaron otras alternativas para obtener más ingresos, como bien pudo ser mejorar el sistema de recaudación, y como siempre se les hizo fácil que los más paguen por los menos, y además, en el colmo del exceso, todavía vamos a ver que nuestros flamantes diputados federales se incrementen sus jugosas dietas para estar a la par con el incremento inflacionario.
Y sabe usted que es lo peor, que con seguridad, en el próximo proceso electoral del 2009, veremos a esos diputados federales como es el caso de Víctor Méndez Lanz, Arturo Martínez Rocha, Araceli Escalante Jasso y Jorge Nordhausen González, regresar a pedirle la confianza de su voto.
Bueno, cuando menos, usted tendrá la oportunidad de cobrarles todas juntas a estos maestros de la demagogia y la simulación, que como usted ya sabe sólo velan por sus intereses personales y por sus aspiraciones políticas.

LOS AÑOS HIDALGOS DEL ACTUAL IEE

Mientras a nivel federal el Congreso de la Unión aprobó nuevas reglas para las futuras contiendas electorales, enfocadas primordialmente al control y a la reducción del dinero en la lucha por el poder, en Campeche los integrantes del órgano electoral estatal dan rienda suelta a su falta de visión democrática y a su afán de enriquecerse con los dineros públicos, al aprobar un proyecto de presupuesto de casi 53 millones de pesos, que es un insulto a la inmensa mayoría de las familias campechanas, que sobreviven con menos de dos salarios mínimos diarios.
Ahora con el argumento de que el próximo es año “preelectoral” y que, por lo tanto, se tendrán gastos extraordinarios, aprueban un presupuesto súper inflado, con la complacencia de los representantes de los partidos políticos y los Consejeros del Poder Legislativo que, tal parece, que todo lo ven desde la conveniencia partidista; de esta forma, éstos dos últimos aseguran su tajada en el financiamiento público, que asciende a la exorbitante suma de 23.2 millones de pesos, y eso que no es año electoral.
El IEEC vuelve a caer en las mismas mentiras del año pasado, en que también solicitó un abultado presupuesto de más de 50 millones de pesos, que para este año de 2007, que tampoco fue año electoral, resultaba elevadísimo y totalmente injustificado; sin embargo, el Congreso del Estado lo redujo a 44 millones; para el año electoral de 2006, contempló un presupuesto récord de 105.6 millones de pesos, terminando en un cuestionadísimo ejercicio de recursos, y con acusaciones de corrupción y violaciones a las leyes de licitaciones y del presupuesto. Al respecto, los informes de la Auditoría Superior del Estado señalan que al mes de agosto sólo había ejercido 65 millones de pesos, observándose sobregiros en varias partidas que hasta esa fecha no cuadraban.
Por lo anterior, el IEEC se hizo acreedor de las siguientes recomendaciones: 1) Ajustar el gasto público al presupuesto aprobado; 2) Hacer los trámites necesarios para la aprobación, publicación y difusión del Reglamento sobre el destino final y baja de los bienes muebles del Instituto; 3) Elaborar y aprobar un reglamento de arrendamientos y prestación de servicios relacionados con los bienes muebles e inmuebles del Instituto; 4) Elaborar y aprobar el Código de Conducta Ética del IEEC; y 5) Disponibilidad de toda la documentación soporte a los eventos a que acudiera quien representara al órgano electoral en evento especiales.
De los informes de auditoría se desprende que, con respecto al sobregiro en gastos, la Presidenta del IEEC se limitó a instruir a la dirección de administración que atendiera esa situación, sin llevar un seguimiento efectivo del mismo; sobre el reglamento que regule la enajenación de bienes muebles del Instituto, la Presidenta acordó que éste sería atendido después del proceso electoral pues -según escrito del IEEC- estaban en proceso de análisis, asentando la Auditoría Superior que dicho organismo no presentó ninguna prueba que avalara estos trabajos, como si los sujetos obligados tuvieran la facultad de decidir cuándo y cómo cumplen las recomendaciones y observaciones del ente fiscalizador del Estado; sobre los informes de gasto, el órgano electoral señaló que no puede cuadrar un año electoral con un año normal; finalmente, la Auditoría Superior del Estado dio por solventadas las observaciones hechas al ejercicio del gasto.
Una burla para todo el sistema de transparencia y rendición de cuentas que tanto pregona la titular del órgano electoral y el titular del citado organismo fiscalizador del Estado, a quien debía a su vez, fiscalizársele, ya que en éste y otros casos muy documentados, no cumple con su función y obligación constitucional y legal, y se dedica a aplicar simples observaciones o “recomendaciones” que, finalmente, como en el caso del IEEC, no cumplen o se los pasan por el arco del triunfo, alegando mil pretextos sin ninguna justificación legal.
Si con un presupuesto de más de 105 millones de pesos hicieron lo que quisieron durante el proceso del 2006, que fue un vil asalto en despoblado al erario público, por lo que el Congreso les recortó el presupuesto para este año, ahora cuando el mismo gobierno se ha ajustado los cinturones para ahorrar, el IEEC pide casi 53 millones, en una actitud de incongruencia y terquedad, totalmente faltos de visión social y solidaria para con las necesidades y las limitaciones del Estado.
Si se hace un análisis de las políticas y programas -si a eso se les puede llamar como tales- se tendría que ver exactamente en dónde y en qué proyectos y actividades específicas aplican los recursos, pues que se sepa, fuera de los escandalosos sueldos, compensaciones, bonos y demás que devengan sin hacer nada los flamantes Consejeros Electorales, incluyendo a su Presidenta y a su Secretario Ejecutivo, hasta la fecha no sabemos qué han hecho en pro de la cultura democrática en el Estado, pues ni siquiera han querido o han podido redactar los reglamentos que les exige la Auditoría Superior del Estado, y que es obligación del IEEC emitir para contar con la normatividad necesaria para cumplir con su función constitucional.
Por otro lado, vemos que lo poco que han hecho, como los dictámenes de la Comisión de Fiscalización, que obligadamente lo tienen que hacer en los tiempos que marca el CODIPEC, lo han hecho mal y, peor aún, han perdido todas las impugnaciones que los partidos políticos han presentado ante el Poder Judicial del Estado en contra del órgano electoral, es decir, no dan una, y todavía con soberbia y cinismo señalan que esto se debe a criterios de interpretación.
Y a propósito del “acreditado” cuerpo de abogados con que se supone cuenta el IEEC, que por cierto cuentan con salarios muy superiores en comparación con otras dependencias y entidades de los demás poderes del Estado, cabe preguntarle a la Presidenta de ese organismo, por qué se paga a un despacho denominado Despacho Corporativo de Asesores y Abogados, S. C., como los encargados de realizar las actualizaciones a los reglamentos internos del IEEC y, consiguientemente, para elaborar los demás reglamentos que requiera para su operación, como los que le observó la Auditoría Superior y que prácticamente se negaron a acatar; por lo que, concluimos, que si el trabajo jurídico se realiza por contrato externo y mediante el pago, suponemos que millonario, a un despacho jurídico cuyos antecedentes desconocemos, entonces, qué es lo que hacen ya no los señores consejeros, que ya sabemos que cada quien se dedica a lo suyo pues, a sus notarías, despachos, clases o asuntos particulares, sino los asesores jurídicos internos con que cuenta la Institución, o ¿se trata de puros aviadores?, pues… sent..
En fin, nos gustaría saber, como a cualquier ciudadano común (no corriente, que conste), de este Estado, ¿cuáles son los logros del Instituto Electoral en lo que va del 2007, en materia de capacitación electoral y educación cívica, redistritación electoral, propuestas de reformas al Código Electoral y a sus Reglamentos, contribuciones al desarrollo de la vida democrática del Estado, acciones para asegurar a los ciudadanos campechanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y para llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática, etc., etc.
Y no estamos inventando cosas, es lo mínimo que les exige la Constitución del Estado (Artículo 24) y el Código Electoral (Artículo 136), y si no están cumpliendo con esto, entonces, ¿para qué sirve un Instituto Electoral que pide 53 millones de pesos para gastar en un año no electoral?
Para nada, y es por ello que hay voces acreditadas que piden la desaparición de los Institutos Electorales de los Estados, y que sea el IFE el que organice las elecciones estatales, ya que aquéllos representan una cuantiosa e injustificada carga al erario público, y aparte, se prestan a todo tipo de componendas y está probada su parcialidad para apoyar a candidatos oficialistas, amén de que están infectados de corrupción y de malos manejos, como ya ha sido probado en muchos casos debidamente documentados, como es el caso del Instituto Electoral del Estado de Campeche.
En fin, los señores legisladores del Congreso del Estado aún están a tiempo de hacer un riguroso análisis del proyecto de presupuesto del órgano electoral, en base a un estudio imparcial y realista de sus programas, proyectos y acciones contemplados en su agenda de trabajo y si esta agenda está basada en las necesidades reales y sustentada en la Constitución y en la Ley, porque como dijo la diputada Nelly Márquez Zapata ante el Pleno del Poder Legislativo, “…a la fecha existen dudas de los recursos del 2006″, por lo que, se hace indispensable que el IEEC primero rinda cuentas claras, transparentes y creíbles de la aplicación de sus recursos; cuestión que no ha hecho, por lo que es preocupante el silencio, la cerrazón y la opacidad con que se ha conducido una Institución que debe ser ejemplo de transparencia, legalidad y honestidad ante la ciudadanía.
¿Hasta cuándo?

UN COCHINERO LA ALBERCA OLÍMPICA

No contento con manejar a sus anchas los recursos, vehículos y empleados en beneficio personal, de su familia y de sus negocios, el titular del Indecam, Enrique Rosado Méndez, le puso el ojo a los ingresos de la alberca Olímpica del 20 de Noviembre.
Para ello, el ex rey de la basura le quitó el manejo de los químicos al ex administrador, Ricardo Poot, y los puso en manos de un grupo de lermeros de negros antecedentes en la alberca del Instituto Mexicano del Seguro Social, historia de la que les daremos luz en otras entregas para que sepan la clase de protegidos que tiene el gordito funcionario.
Pues resulta, que durante más de una semana, los químicos no fueron aplicados a la alberca olímpica, con tal de responsabilizar al ex administrador y por ello el agua se contaminó de tal forma que empezó a causar una serie de infecciones entre centenares de niños, jóvenes, adultos y gente de la tercera edad que acude del diario a esas instalaciones.
Perverso como es, Rosado Méndez utilizó el mal estado de las instalaciones para comisionar a otra área del Indecam, aún no definida, al ex administrador y puso en su lugar a un sujeto del que dicen es asiduo adorador del Dios Baco, quien ya tomó posesión del cargo y empezó a hacer de las suyas para reportarle más ingresos a su robusto patrón.
Y es que además de que la alberca olímpica está convertida en un cochinero, pues ahora resulta se está permitiendo el acceso a turistas extranjeros, conocidos como los mochileros, a los que dejan entrar todos sucios a nadar, a cambio de la módica cantidad de 50 pesos.
A los turistas no les exigen la constancia médica como les piden a todos los campechanos que del diario acuden a la alberca, por lo que la salud de cientos de niños y adultos está en serio peligro.
Pero claro primero está la ambición del titular del Indecam que los riesgos que están pasando quienes por desgracia tienen que acudir a esas instalaciones a realizar sus actividades deportivas.
Lo bueno fue que en el transcurso de la semana que recién concluye fue reinstalado el ex administrador y de inmediato la alberca olímpica quedó limpia, pero, ¿hasta cuándo seguirá el gobernador soportando tantos ex abruptos de su director del Instituto del Deporte?


Ráfagas.- Nuestro más sentido pésame para la familia del Dr. Manuel Angulo Romero, ojala y la resignación llegue pronto al corazón de sus familiares y amigos, que como un servidor, lo conocimos como un profesionista y ser humano ejemplar, que descanse en paz...Hasta cuando el secretario de gobierno le va a poner un alto a los integrantes del Frente Unico de Trabajadores del Volante, que lo mismo asaltan a la SPP, palacio de gobierno, palacios municipales y la casa de cualquier ciudadano, ¿hasta cuándo?...Y si Ocasis Orlaineta no sirve para nada, por qué lo mantienen como director de esa depedencia, acaso es un compromiso político, ¿y que paso con el compromiso de mejor servicio de transporte urbano para los ciudadanos...Si las irregularidades administrativas detectadas en el municipio de Palizada y Hopelchén no son suficientes para la Auditoría Superior del Estado, lo único que nos queda pensar es que son cómplices de tanto saqueo y corrupción que prevalece en ambas comunidades.. comentarios y sugerencias enviarlas a carlitosmartinez15@hotmail.com. Más información en www.w3radionet.com o en campechehoy.blogspot.com, y ya puedes escucharnos de 2:00 a 3:30 de la tarde en Sipse Noticias, en el 98.9 FM y 1280 de AM. Hasta la próxima, Dios mediante.