Expreso 31. Crisol. Por Carlos Martínez Caamal. LA SEÑORA PRESIDENTA II

Expreso 31

Crisol.

Por Carlos Martínez Caamal.


LA SEÑORA PRESIDENTA

(PARTE II)



Como ustedes recordarán en la entrega anterior nos referimos al espinoso caso de las licitaciones millonarias de papelería, material electoral y del Programa de Resultados Preliminares (PREP), que en otros estados de la República ha sido motivo de escándalos de corrupción, del que nuestro Instituto Electoral tampoco es ajeno.
Son muchos los intereses que giran en torno a las licitaciones que siempre se han manejando en la oscuridad y que dieron pie a muchas sospechas sobre complicidades de las autoridades electorales con las empresas participantes que ganaron los concursos en el pasado proceso electoral del 2003 y que, descaradamente, a pesar de no haber cumplido en tiempo y forma, se volvieron a inscribir en las licitaciones para el proceso del próximo 2 de julio.
Por eso consideramos pertinente abordar algunos preceptos legales al respecto para que usted amable lector se de cuenta con lujo de detalle como se están manejando las licitaciones en el IEE y hasta que nivel llegan las complicidades entre las empresas y los funcionarios de esa dependencia.
Tanto la Constitución Federal, en su artículo 134, como la local, señalan que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez; asimismo, establecen que las adquisiciones de todo tipo de bienes y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, se llevarán a cabo mediante licitaciones públicas, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Asimismo, la Ley de Adquisiciones del Estado, en su artículo 23, establece los mismos lineamiento, así como los procedimientos a que deberán sujetarse las dependencias y los “organismos autónomos”, garantizando el interés público en todos los procesos de adjudicación; por lo tanto, el IEEC, como organismo autónomo estatal queda sujeto a esta legislación, pero ello no le impide que, en ejercicio de su autonomía, establezca lineamientos particulares que le den más transparencia y credibilidad a estos procesos, siempre y cuando no estén por encima de la Constitución y de la Ley.
Por otro lado, el Artículo 24 de la Constitución Local y el 137 del CODIPEC, establecen como principios rectores del proceso electoral los de transparencia, legalidad, certeza y objetividad en todos los actos que realice la autoridad electoral.
Es en este orden de ideas, en que gira la argumentación en torno a los procedimientos que ha llevado a cabo el IEEC, para determinar a qué empresas particulares adjudicará los contratos para la fabricación del material electoral, documentación electoral y la implementación del Programa de Resultados Preliminares (PREP). Y a que, aún no se toma conciencia de que las instancias públicas también podrían auxiliar a los órganos en este aspecto, como podrían ser Talleres Gráficos de México y las Universidades o Institutos Tecnológicos, en cuanto al PREP, tal y como han propuesto los representantes de los partidos políticos y algunos consejeros.
Y antes de entrar más a fondo en este asunto, retomemos el “affaire” que tuvo la Presidenta del IEEC, Celina del Carmen Castillo Cervera, con Formas Finas, la empresa que, a precios exorbitantes y con múltiples irregularidades, le vendió a Campeche el material electoral más caro que se haya utilizado en un proceso electoral, siendo dicha funcionaria la Secretaria Ejecutiva del IEEC, en los tiempos en que el honestísimo Gonzalo Bojórgez Risueño fungía como presidente, y que a pesar de ello, le extendió sendas cartas avalando el material suministrado y recomendando a otros institutos contratar los servicios de dicha empresa, lo que le valió ganar concursos en otros Estados de la República, como en Oaxaca.
¿Qué movió a la Presidenta del IEEC a extender dichas cartas, si se trataba de un proceso ya concluido y que los anteriores Consejeros, que fueron los directos responsables del mismo, ya habían dado por cerrado, según consta en las actas de las sesiones del órgano electoral?; ¿qué intereses inconfesables influyeron en el ánimo de la Presidenta para girar estos comunicados, a ocho meses de haber concluido el proceso electoral del 2003, y sin dar aviso a los actuales Consejeros, mucho menos a los Consejeros del Poder Legislativo y a los Partidos Políticos representados en el Consejo General del IEEC?; ¿sería el temor de una negativa por parte del Consejo o de los Partidos, impidiéndole girar los comunicados de marras?, en virtud de que todos sabían que Formas Finas le falló al Instituto y puso en riesgo el proceso electoral.
Pero, lo que más llama la atención, es la descalificación que el Comité de Licitaciones, integrado por dos incondicionales de Celina Castillo, hizo de Formas Finas y de otras dos empresas participantes en la licitación del material electoral, alegando que las mismas habían incumplido e incurrido en responsabilidades en procesos recientes, incluso, de carácter penal. ¿Y dónde quedaron las alabanzas y los buenos oficios a favor de Formas Finas, empresa que ni siquiera, según alegó el propio IEEC, proporcionó su domicilio fiscal o centro de trabajo?, ¿será porque aún no cuenta con una planta de fabricación de material y nuevamente intentaba ¿engañar? al órgano electoral, con la complicidad de algún funcionario?
Partiendo del principio general de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y de las responsabilidades inherentes a la misma, hay que señalar que todos los integrantes del órgano máximo de dirección del IEEC, Consejeros Electorales, Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de los Partidos Políticos, en mayor o menor medida, deberían ser garantes permanentes de la transparencia y de la legalidad y honradez de todos los actos que se deriven del órgano y del proceso electoral; por lo tanto, tratándose de las adjudicaciones y licitaciones del material, documentación y del PREP, su responsabilidad radica, tal y como lo establecen los preceptos constitucionales y legales invocados, en asegurar al Instituto y, por lo tanto, al Estado, las mejores condiciones en todos los aspectos que se mencionan, de tal manera, que no se vea lesionado el erario público por decisiones incorrectas o irregulares, derivadas de la incapacidad o falta de profesionalismo, o por decisiones “amañadas” o actos deshonestos.
Y ello implica que la autoridad electoral investigue con todos los medios a su alcance y con la debida oportunidad y certeza, la situación legal, administrativa, económica y profesional de cada empresa que se desenvuelve en estos ramos en el país, de tal forma que se integre el “padrón” que establece la citada Ley de Adquisiciones, y no esperanzarse y confiarse de las “cartas de presentación” o “bajo protesta”, o curriculums que, a su conveniencia, manejan cada una de ellas, incluso presentando, en ocasiones, documentos apócrifos.
Y para ir al grano en este asunto, no basta que la Autoridad Electoral siga al pie de la letra el procedimiento legal, aparentando que se está cumpliendo íntegramente con la ley, sino que, haya seguridad y certeza, en que las adjudicaciones y fallos, indiscutiblemente, se asignarán a los que ofrezcan las mejores condiciones y que no haya afectaciones al erario estatal.
Por lo tanto, el costo que finalmente tenga que absorber el Instituto y el Estado en material y documentación electoral, así como en el PREP, no debe ir más allá del precio real justificable que tengan estos productos en el mercado nacional, sin que existan incrementos desmesurados o amañados.
Al respecto, resulta que el material vendido a Campeche por la Empresa Formas Finas en el 2003 ha sido el más caro en toda la historia de los Institutos Estatales, y por allí se ve venir el “sablazo” que nuevamente le van a infligir las autoridades electorales a la economía de nuestro Estado, al haber presupuestado la exorbitante suma de 10 millones de pesos, más parte de las “reservas” de que presumen que se tienen ahorradas, que no es más que dinero del erario público, producto de nuestros impuestos.
Causa asombro cómo es que una de las empresas participantes, DICAPLAST, S. A. DE C. V., cuyo representante legal es Fernando Arellano, asociado anteriormente con los accionistas mayoritarios de SAMESA y, posteriormente, con el mismísimo José Antonio Carranza Sordo de Formas Finas, presentó una propuesta económica que sobrepasó en un millón y medio de pesos más al presupuestado por el IEEC, que de por sí ya es altísimo. Valdría la pena investigar cómo es que se dio dicha propuesta.
Al respecto, Noticieros Televisa, el 7 de marzo de 2006, exhibe los documentos apócrifos de la empresa DICAPLAST, y menciona:
“DICAPLAST es una de las dos empresas que ganó el concurso de licitación para la fabricación de material electoral para las elecciones presidenciales del próximo 2 de julio del 2006.
“Sin embargo, detrás de esta empresa, se podría escribir una historia de presuntos actos de corrupción, engaños, mentiras y enriquecimiento inexplicable.
“El 31 de enero del 2006, la Secretaría de Gobernación difundió un comunicado, con información de Talleres Gráficos de México. En él se estableció que la empresa DICAPLAST y CARTON PLAST habían obtenido el contrato para la fabricación del material electoral por 115.8 millones de pesos.
“DICAPLAST – según este comunicado – obtuvo tres de las cuatro partidas del Contrato para fabricar canceles electorales, separadores y mamparas. La empresa CARTON PLAST fabricaría las urnas electorales.
“En el currículum de la empresa DICAPLAST se establece que es una empresa que se dedica a diseñar, comercializar y distribuir todo tipo de material eléctrico para alumbrado público, como se demuestra en las fotos de las lámparas que aparecen en el mismo documento.
“En ningún momento se estableció que esta empresa haya fabricado material electoral.
“En tan sólo nueve días, la empresa DICAPLAST cambió de socios, hasta en dos ocasiones y aumentó su capital de manera extraordinaria.
“En la Escritura 11,002, con fecha 29 de noviembre del 2005, en ella se estableció la renuncia y la venta de las acciones de Carlos Mariscal como uno de los principales socios de DICAPLAST.
“Ante Notario Público quedó asentada la incorporación como nuevos socios de Sergio Humberto Arillo Santillán y Luis Enrique Perera Estrada.
“El 7 de diciembre de 2005, ocho días después, se realizó una nueva acta notarial.
“En la Escritura 11,033, se estableció que Sergio Humberto Arillo Santillán y Luis Enrique Perera Estrada, decidieron vender sus acciones a Israel Fabián Rodríguez Hernández y Fernando Arellano Castillón. Ese mismo día, ante el Notario 7 de la Ciudad de Cuernavaca, los nuevos socios decidieron aumentar el capital de la empresa DICAPLAST al pasar de $100,000.00 a $10’000,000.00.
“En el punto número 9 de las Bases de Licitación de Talleres Gráficos de México, se establece que la empresa participante deberá presentar la siguiente documentación: Currículum de la empresa, que demuestre experiencia mínima de un año en la venta de los bienes objeto de esa invitación.
“Más adelante en el Apartado de “Descalificaciones” se estableció que: “Será motivo de cancelación del contrato el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes “Bases”.
De lo anterior se deduce que DICAPLAST no cumplió ni el requisito de tener más de un año en el negocio de fabricación de material electoral ni tener el giro mismo de ser fabricante de material para procesos electorales. Por ello, esta empresa está en un proceso de investigación por parte de las autoridades federales.
Pero, regresando al punto de lo exhorbitante de los precios que se han manejado en los concursos que celebran los Institutos Electorales, en perjuicio de la economía de los Estados.
Sobre este punto neurálgico, transcribimos lo que la periodista Violeta Huerta, del Periódico “El Sol de Toluca”, aseguró recientemente:
“Según un análisis, aún cuando la entidad mexiquense tiene el mayor número de casillas y artículos e invierte la mayor cantidad de recursos, su costo por casilla no es el más caro, pues el más alto de ese comparativo es el de Campeche en el 2003, con $5,800.00, pues se invirtieron 5 millones 800 mil pesos, con 32 artículos; sólo se colocaron 1,000 casillas y el proveedor fue Formas Finas.
“En orden descendente, el segundo más caro de esa lista fue Hidalgo, donde este año, cada casilla costó $4,838.71, pues se erogaron 15 millones de pesos para 3,100 casillas y 33 artículos, y la adjudicación fue ganada por SAMESA.
“El tercero es Oaxaca, donde el precio por cada casilla en el 2004 fue de $4,736.84, ya que se invirtieron 18 millones de pesos para 3,800 casillas, y 30 artículos, y el Proveedor fue Formas Finas.
“Ya en el 2005, en Quintana Roo, donde la elaboración del material electoral se adjudicó a SAMESA, cada casilla costó $4,583.33, pues pese a que se gastaron 5 millones 500 mil pesos, sólo se instalaron 1,200 casillas y 40 artículos.
“El quinto más caro en la lista de los once revisados es el Estado de México, pues para las 14,809 casillas y 42 artículos se destinaron 63 millones de pesos, con un precio de $4,254.17 por casilla. El proveedor es Cartonera Plástica, que ha sido cuestionada por haber presentado la oferta más cara y estar presuntamente ligada con la ex consejera Nelly Sofía Hass y tener denuncias pendientes.
“A la entidad mexiquense, en orden descendente, le siguen Guerrero, cuyo costo por casilla este año fue de $3,911.11 y el Proveedor fue SAMESA; Tlaxcala donde el año anterior cada casilla tuvo un precio de $3,636.36 con SAMESA; Chiapas, que en el 2004 tuvo un costo por casilla de $3,541.67, también con SAMESA; Puebla, en la que también el año anterior cada casilla costó $3,369.18 pesos, también con SAMESA.
“En Coahuila, la única propuesta analizada del 2002, con Plásticos y Metales MyC, cada casilla costó $3,003.58 pesos. De la lista, lo más económico fue el costo por casilla de Chihuahua con $1,300 pesos en el 2004, donde el proveedor fue Cartonera Plástica; se invirtieron 6 millones 825 mil pesos para 5,250 casillas….
Por todo lo anterior, seguiremos muy de cerca el giro que se le de a este asunto, tomando en cuenta los antecedentes que hemos reseñado en esta Columna.
Y lo del PREP es otra historia; baste decir por ahora, que se violaron las propias bases emitidas por el IEEC, así como la normatividad que se aplica en estos procesos, que ya mencionamos en un principio, todo con el único afán de favorecer a una gris empresa que entre las lindezas que ha cometido se destaca no haber dado los resultados preliminares de varios municipios del Estado de Yucatán en su última elección.
Pese a lo anterior, Podernet, S. A. de C. V. ganó la licitación para la realización del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el mismo Instituto Electoral del Estado proporcionó oficios de los institutos electorales de Tabasco, Yucatán, Aguascalientes y Michoacán donde se avala el trabajo “eficaz” de esa empresa en las elecciones que se realizaron en las entidades antes mencionadas.
Oficios que, obviamente, nos recuerdan el que emitió la misma presidenta del Consejo General del IEE en Campeche, Celina del Carmen Castillo Cervera en el que recomendó a la presunta empresa “Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.”, propiedad de José Antonio Carranza Sordo, que le valió adjudicarse licitaciones millonarias de otros Estados, donde por cierto se dieron hechos de corrupción que hasta el momento no han sido esclarecidos del todo.

NARCOCONSTRUCTORES

El cateo de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a oficinas y la mansión del constructor Augusto Gordillo Díaz confirmó lo que ha sido un rumor a voces desde hace muchos años.
Y es que de estar en la quiebra y ser un constructor más del montón, Gordillo Díaz reapareció como todo un acaudalado empresario, sin que nadie se pueda explicar el origen de su riqueza.
Para nadie es un secreto que la reaparición de Gordillo se dio a partir de la administración del ex gobernador José Antonio González Curi, de quien se dice es amigo muy cercano.
Y aunque esa administración le haya dado un cúmulo de obras como pago a su aportación al tricolor, su riqueza sigue siendo por demás muy sospechosa.


De hecho se sabe que fue uno de los empresarios que más aportó a las campañas de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en la elección del 2003 y que es el principal financiador de jóvenes proyectos políticos que hoy ocupan candidaturas a cargos de elección popular.
Días antes del cateo a las oficinas y mansión de Gordillo Díaz, se sabe que este había emprendido la graciosa huída y hasta el momento se desconoce su paradero.
Lo que si se ha podido confirmar es que las investigaciones de la AFI giran en torno al decomiso de las 5.2 toneladas de cocaína que fueron descubiertas en un avión DC9 y es que Gordillo Díaz, al parecer, es propietario de una empresa que renta avionetas.
Así es que el tema dará mucho de que hablar y más si las autoridades de la AFI investigan a fondo, porque no sólo podríamos estar hablando de narcotráfico, sino de lavado de dinero que con seguridad se invirtió en algunas campañas políticas ¿o no?

RAFAGAS.- Que el yucateco Juan Zuñiga y Víctor Amándola Avilés fueron el contacto de Celina Castillo con José Antonio Carranza Sordo propietario de Formas Finas y Materiales…Por cierto, algún consejero, representante de partido o autoridad electoral nos podría decir que se hizo con el resto del material electoral de la pasada elección, ¿será verdad que ese material fue vendido al IEE de Yucatán?…Y para que tanto gasto en renovar el equipo de computo si no tiene más de tres años que el instituto compró un lote de computadoras…Al parecer los cursos de capacitación que reciben los elementos de la Policía Estatal Preventiva no les están sirviendo de nada, porque siguen incurriendo en actitudes de prepotencia y abuso de autoridad…Para la próxima entrega les daremos datos precisos de las denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos por los abusos de estos aprendices de agentes del orden…Felicidades al compañero y amigo Adolfo Ceballos por haber sido ascendido a coordinador regional de estaciones de radio del grupo Sipse…Nos llegó el tip de que la Cofradía del Sobre Manila, obedeciendo fielmente las instrucciones de su jefe, Antonio González Curi, desplegará en los próximos días una campaña de desprestigio contra este columnista, por los comentarios que hemos vertido sobre el proceso interno del PRI…Bueno son los gajes del oficio…Por cierto, por ahí tenemos un paquetito guardado para recordarles sus pillerías y escándalos… Y¿será posible que con un salario de 2 mil 500 pesos quincenales, “los que si saben de periodismo”, vivan en la opulencia y el derroche, al estilo de los narcoconstructores?…El que ya vendió su alma al diablo es el candidato tricolor a la alcaldía de Hopelchén, Julio Sánsores y es que nombró como su vocero al nefasto “Hermano del Diablo” Jorge Cach Uc, sí, el mismo que fue vocero del ex gobernador González Curi, con colaboradores así para que quiere como enemigo al “Xuna”…Confirmado, Juan Carlos Del Río será el candidato a la diputación de mayoría por el II distrito del Partido Acción Nacional…Comentarios y sugerencias enviarlas a carlitosmartinez15@hotmail.com o a ccriter1@gmail.com o escúcheme en el 98.9 de FM o el 1280 de AM, en Sipse Noticias de 2 a 3:30 de la tarde Hasta la próxima.